Gobernadores de Alianza Centro Bajío Occidente y Alianza Federalista unen esfuerzos por crisis sanitaria

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Gobernadores de Alianza Centro Bajío Occidente y Alianza Federalista unen esfuerzos por crisis sanitaria

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Los gobernadores de la Alianza Centro Bajío Occidente y la Alianza Federalista (Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas) celebraron la primera reunión virtual de trabajo conjunta para abordar el estado actual de la crisis sanitaria generada por la COVID-19 y sus efectos económicos y sociales.

Los gobernadores expresaron la importancia de avanzar hacia un nuevo federalismo cooperativo y responsable, es decir, a un nuevo modelo de descentralización articulado a partir de atribuciones, responsabilidades y deberes claramente delimitados, que permita el fortalecimiento de las capacidades locales y que multiplique los esfuerzos institucionales para detonar el desarrollo sustentable con un enfoque regional. Este nuevo federalismo permitirá aprovechar al máximo las oportunidades de la entrada en vigor del T-MEC, acelerar la recuperación económica del país, fortalecer las finanzas públicas y promover la inversión público-privada en infraestructura y en servicios públicos.

Los gobernadores hicieron hincapié en que la condición necesaria para renovar el federalismo mexicano es un nuevo Pacto Fiscal, más justo, equitativo y, sobre todo, sensible a las particularidades de cada polo regional según sus vocaciones de crecimiento y competitividad.

En ese sentido, los dos bloques de gobernadores acordaron formar una mesa de trabajo encargada de
impulsar un nuevo federalismo y, en particular, elaborar un planteamiento formal al Gobierno Federal,
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito, para revisar los términos y las condiciones de los
instrumentos jurídicos de adhesión y coordinación en el marco del Sistema de Coordinación Fiscal, en
el entendido de que, conforme a la Constitución de la República, el Pacto Fiscal es un acuerdo de
voluntades entre la Federación y las soberanías estatales que debe evolucionar en el tiempo según las
circunstancias y desafíos del país, sin perjuicio de convenir cambios estructurales que fortalezcan a las
haciendas públicas y mejoren la calidad del gasto público nacional.